«Esto no significa movilizar todos los elementos, pues semeja que si afirmas que se activa el plan de emergencias brincan todas las alarmas, sino se dimensiona la situación y se ponen en marcha los medios necesarios tanto humanos como materiales», añade.

Si tras ello el acreedor prosigue insatisfecho, podrá en el plazo de diez días pedir al Juzgado de lo Mercantil competente las garantías que, en su caso, deba prestar la sociedad. O señalando de qué forma se marcha a hacer la comunicación con el exterior en el caso de emergencia (quién se marcha a poner en contacto por poner un ejemplo con los bomberos y la policía). En el plan de urgencias se elabora un documento que reúne información concreta de la empresa identificando las amenazas y inseguridades de exactamente la misma. Por otra parte, hay que indicar exactamente en qué casos se va a realizar la confinación en vez de la evacuación y cómo se va a hacer. 1.º Las consecuencias de la operación para las relaciones laborales, tal como, en su caso, cualquier medida destinada a preservar dichas relaciones. Por tanto, es una situación en la que podría activarse el Pembur. Este ingreso tendría importantes y positivas consecuencias sociales y económicas en un contexto en el que la asequibilidad en el ingreso a la vivienda es una prioridad política para el Gobierno. 3.º La información facilitada sobre la compensación en efectivo o la relación de canje no cumplía los requisitos legales. El carácter urgente de esta medida quedó constatado en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 9 de mayo de 2023 por el que se insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Instituto de Crédito Oficial a la creación de una línea de acredites para la cobertura parcial por cuenta del estado de la financiación para la adquisición de la primera vivienda destinada a vivienda frecuente y permanente por los jóvenes y familias con menores a cargo.

Asimismo se suspenderá el trámite por incidente o patología del profesional de la abogacía interviniente. La suspensión se mantendrá a lo largo del periodo de tiempo coincidente con la baja laboral conforme a la legislación laboral y de seguridad popular o algún otro sistema de previsión social, y en todo caso por un período máximo de treinta días naturales, pasados los que se alzará la suspensión. Los aranceles registrales por la propaganda prevista en los apartados precedentes no podrán sobrepasar la recuperación del coste de la prestación de tales servicios. El transcurso de los plazos previstos en el artículo 36.3 y 36.4 para la resolución de la persona titular del Ministerio de Temas Económicos y Transformación Digital sobre la intervención del Consejo de Ministros y, en su caso, para la adopción del pertinente acuerdo de este último, determinará, de conformidad con lo sosprechado en el producto 60.4, la instantánea ejecutividad de la pertinente resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En el supuesto de que las ediciones estructurales reguladas en el libro primero de este real decreto-ley comporten un cambio en la titularidad de la compañía, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma, van a ser de aplicación las previsiones agarradas en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. En la situacion de acreditación por parte de un individuo profesional de la jura de una causa de fuerza mayor a las que se refiere el artículo134, los Institutos de Procuradores van a poder suspender el reenvío del servicio de notificaciones durante un período máximo de tres días hábiles. Una vez aplicadas dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo instantaneamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia va a deber dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la suspensión del trámite. Si la Sala estimara que concurre ciertas causas de inadmisión referidas dictará, en el plazo de tres días, coche declarando la inadmisión y la solidez de la resolución recurrida, con imposición al recurrente de las costas causadas, de haber comparecido en el recurso las partes recurridas, en los términos establecidos en esta ley y sin que quepa recurso contra esa resolución. Una vez transcurrido el término del emplazamiento, el letrado o letrada de la Administración de Justicia comprobará que el recurso de casación se haya interpuesto en tiempo y en forma, incluyendo, en la situacion de infracciones procesales, la demanda anterior en la instancia, de haber sido posible, tal como la debida constitución de los depósitos para recurrir y el cumplimiento, en su caso, de los requisitos del artículo 449, procediendo de lo contrario a la inadmisión mediante decreto.

C) No va a ser de app lo previsto en el producto 9.2. Los posibles beneficiarios a los que se refiere el producto 161 presentarán antes del 31 de julio de 2023 una solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto se ponga a su predisposición y en el que, siempre, Avcb Bombeiros deberá figurar la cuenta bancaria en la que deseen que se les realice el abono. El auto de inadmisión comportará, en su caso, la pérdida del depósito constituido, dándose a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda, según la sentencia de suplicación. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de dicha acreditación al demandante, quien en el período máximo de diez días va a poder acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del producto 5.1 o en riesgo de situarse en ella, en el caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento. Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que tengan en cuenta correctas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de puerta de inseguridad que aseguren su ingreso a una casa digna. A fin de que opere la suspensión a que tiene relación el apartado previo, la persona arrendataria va a deber acreditar que está en ciertas situaciones de puerta de inseguridad económica descritas en las letras a) y b) del producto 5.1 del presente real decreto-ley mediante la presentación de los documentos previstos en el producto 6.1.